Convocan elecciones para un simbólico Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como denuncia a la elección política del órgano de gobierno de la Justicia española. Más de 350 jueces han sido llamados a votar en unas elecciones de cuyos resultados se dará fe pública en acta notarial. ColumnaZero pudo hablar directamente con los valedores de estas singulares elecciones alternativas, así como repasamos la regulación actual referente a la elección del CGPJ.
Una representación de todos los jueces sin conexión con el poder político o económico se reunió el pasado 19 de octubre de 2013 en los juzgados de plaza de Castilla, en Madrid, para ofrecer una rueda de prensa sobre el mencionado gesto, que sin bien no tiene valor jurídico, representa una protesta sin precedentes contra los intentos de control de la carrera judicial que supone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La politización de la justicia es tal, que en palabras del juez Jesús Villegas, supone uno de los mayores atentados a la democracia de nuestro país.
Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio de reforma del Consejo General del Poder Judicial, se han cambiado diferentes aspectos de la regulación del órgano de gobierno de los jueces dejando, sin embargo, inalterados, algunos de los aspectos más polémicos.
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Si una de las críticas que se realizaba al nombramiento de los vocales es la posibilidad de “bloqueo” por la falta de consenso entre las dos Cámaras, Congreso y Senado, para nombrar vocales, la nueva Ley Orgánica reacciona ante tal situación permitiendo a una de las Cámaras nombrar a su terna de vocales, independientemente de lo que haga la otra. Sin embargo –y refiriéndonos directamente a aquellos aspectos más polémicos- se ha mantenido el nombramiento de todos los miembros del CGPJ (a salvo del Presidente, elegido por y de entre sus miembros) por el Parlamento, excluyendo a los “administrados” –los miembros de la Carrera Judicial, se entiende- de tener poder de decisión sobre quien les gobierna.
Por otro lado, se ha cambiado el sistema de mayorías dentro del propio Consejo para el nombramiento de los cargos más relevantes de la Carrera Judicial. Para evitar bloqueos, y exceptuando el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional (cuya mayoría sigue siendo cualificada, de 3/5), se requiere mayoría simple en la votación.
Además de todo ello, se han creado nuevos órganos dentro del CGPJ, como la Comisión Permanente, los Vocales sin dedicación permanente, y el Promotor de la acción disciplinaria.
Podemos atrevernos a afirmar que las reformas no han sido del agrado de los miembros de la Carrera Judicial –sobre todo del independiente- y ello porque no han alterado el mayor de los vicios de que adolece el funcionamiento de la institución. Si uno de los pilares fundamentales que del Estado de Derecho se predica es el de la separación de poderes, no puede sino entenderse la crítica respecto de la exacerbada influencia que ejercen el Poder Ejecutivo y Legislativo sobre el Judicial a través de estos mecanismos. Si bien es cierto que todos albergábamos la esperanza de que se solucionase en la presente legislatura, la Ley de reforma ha únicamente solucionado el problema de los bloqueos –y de una manera que admite algún que otro comentario- y decepcionado a un gran sector de la sociedad, que esperaba un refuerzo en la calidad democrática de los españoles.
La rueda de prensa del pasado 19 de octubre es una manifestación más de los jueces españoles, que ya en el mes de febrero dejaron constancia de su inconformidad con la nueva Ley de Tasas y de nuevo abogaron por la despolitización de la justicia.
Enrique Arnaldos Orts
@EnriqueArnaldos
