Matar tiene un precio y las organizaciones terroristas se sirven de todo tipo de negocios ilegales para financiar sus actividades. Desde las FARC en Colombia a ETA en España han traficado con drogas y se han financiado a través de la red, respectivamente.
Apenas existen estudios que se atrevan a poner precio a un acto terrorista. No obstante, resulta evidente que a parte de una causa y alguien dispuesto a matar por ella, un grupo terrorista necesita dinero. Las armas, los explosivos y, en definitiva, las fuentes de financiación de los atentados terroristas están en el tráfico de drogas, el lavado de activos financieros, el tráfico de armas y el movimiento de materiales susceptibles de ser usados en la composición de armas de destrucción masiva, explica la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Pocos serán capaces de negar que grupos de terror organizado como las FARC en Colombia se han nutrido del tráfico ilegal de cocaína. Aunque parezca increíble, la corrupción del funcionariado público en dichas tramas delictivas, la importancia de la economía sumergida en diferentes áreas de un país, o la falta de recursos para hacer frente a la amenaza terrorista ha llevado a muchos estados latinoamericanos a negar la vinculación de los grupos con otras actividades ilegales.
Las ventajas de la asociación de este tipo de prácticas delictivas para las organizaciones es evidente. Los terroristas pueden utilizar las rutas preestablecidas por los narcotraficantes para cruzar las fronteras de un país e internacionalizar los atentados. Del mismo modo, el blanqueo de capitales o la obtención de armas se logra gracias al comercio entre los distintos grupos.
A pesar de que las Organizaciones Internacionales han emprendido un camino de lucha contra el terrorismo desde la raíz, el problema es que las prácticas ilegales cambian con mayor rapidez que las aprobaciones de las resoluciones de la ONU, es decir son intrínsecamente efímeras, por la propia naturaleza cambiante y adaptativa de los métodos utilizados por los terroristas. Desde el momento en el que se adopta una medida hasta que se aplica, la práctica del terror ha mutado. Así, lo que parece un sencillo nudo criminal se vuelve imposible de deshacer.
Ha habido importantes convenios que han buscado erradicar este problema pero ninguno ha sido completamente eficaz. Quizá el más importante sea el aprobado en el año 2003 de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo que permite bloquear cuentas, transacciones y movimientos de capitales, si existe el riesgo de que vayan dirigidas a la financiación de grupos armados. El problema es que estas resoluciones no tienen en cuenta la posibilidad del blanqueo de dinero a través de la red y los terroristas sí han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías.
A día de hoy, Internet se ha convertido en una importante inyección económica para las organizaciones armadas. En Latinoamérica existen una serie de tarjetas prepago con las que se puede pagar en la red sin que pueda rastrearse ningún pago.
En España hace ya un tiempo el grupo terrorista ETA utilizó bonos y loterías a través de la red. Además, se descubrió que utilizaba la página web de la asociación “Gaztesarea” para que particulares pudieran hacer donaciones. Rastrear este tipo de acciones resulta imposible en un momento como el actual en el que Internet no tiene una clara regulación internacional y es, incluso más difícil, definir las fronteras de la libertad en la red.
Arrancar de raíz el terrorismo es, sin duda, uno de los mayores deseos de la comunidad internacional, pero la diversidad de formas a través de las cuales las organizaciones armadas obtienen sus recursos lo hace imposible. Así, combatir el terrorismo se convierte en una acción que, aunque utópica, es necesaria.
Ana Pérez López
