Analizamos la situación de la prisión de mujeres de Valley (California), donde están internadas algunas de las mujeres más peligrosas de Estados Unidos. Sin embargo, en muchas ocasiones, las condiciones y el trato que reciben en la prisión vulnera los derechos fundamentales de las personas, tal y como denuncia Amnistía Internacional.
Son 3.900 las mujeres presas en Valley. No son blandas, están calificadas como las más despiadadas del sistema estatal. Se trata de atracadoras, traficantes, ladronas y asesinas sin escrúpulos. Las más violentas, por otra parte, se encuentran en régimen de aislamiento. Estas mujeres no solo atentan contra sus compañeras de celda, sino también contra funcionarios de prisión. Tanto es así, que los trabajadores de Valley suelen equiparse con uniformes de seguridad para evitar cualquier tipo de agresión que pueda atentar contra sus vidas: usan chalecos, llevan siempre un spray pimienta y una porra. Sin embargo, estos artilugios no han sido suficientes para evitar desgracias en más de una ocasión.
Son conocidas como “las internas del infierno”. Alteradas y enfadadas, estas mujeres viven bajo un mismo techo, lo cual no es más que un riesgo mortal para cada una de las residentes. Los hombres, en Estados Unidos, no tienen este problema. A ellos les subdividen dependiendo del grado de amenaza del preso. Las mujeres viven juntas las unas con las otras, sin importar la gravedad de su crimen.
Debido a la evidente peligrosidad de sus vidas en esta prisión, han creado una estrategia de supervivencia: formar familias carcelarias. De esta forma, las más veteranas se convierten en las abuelas, las nuevas son las hijas y las más dominantes toman el papel del padre.
Una estadística señala que el 10% de las presas vuelven a entrar en prisión estatal poco después de haber sido puestas en libertad. Esto se debe a que la mayor parte de estas delincuentes lo llevan siendo desde edades muy tempranas, algunas desde los 7 años. Por tanto, no saben enfrentarse al mundo exterior y vuelven a caer en la trampa del dinero fácil, la violencia y la adicción.
En 1998, Amnistía Internacional realizó una visita a este centro, tras la cual presentó un documento detallado de las condiciones de vida de estas mujeres en Valley, muy diferente a las versiones que los trabajadores de esta prisión han descrito en numerosas ocasiones. Los delegados de Amnistía Internacional tuvieron acceso a todas las dependencias de la prisión y al hospital local, que cuenta con una unidad especial para reclusas enfermas, durante dos días completos y pudieron hablar libremente con el personal y con las presas.
Las preocupaciones descritas en este documento no son escasas: abusos sexuales contra las presas por parte de guardias de seguridad, uso cruel de instrumentos de inmovilización en mujeres enfermas o embarazadas, denuncias de asistencia médica y psiquiátrica inadecuada…
Este centro penitenciario se inauguró en 1995, albergando a presas de seguridad mínima, media y máxima. La gran mayoría de las reclusas pasan la mayor parte del día fuera de sus celdas, trabajando, recibiendo cursos de formación o practicando actividades diversas y recreativas. Por otro lado la Unidad Especial de Seguridad de la prisión es la unidad para presas de máxima seguridad de California. Ésta alberga reclusas de todo el estado de California catalogadas como “una amenaza contra la integridad física o la seguridad”. Dentro de esta unidad, hay 63 mujeres que se encuentran retenidas en la Unidad de Segregación Administrativa, sufriendo castigos de breve duración. Éste es, precisamente, uno de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional: torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
A pesar de que calificaron las instalaciones y algunos de los programas de trabajo y formación de la prisión de una gran calidad; la calidad de vigilancia y asistencia se veía clara y negativamente afectada por el hacinamiento (como consecuencia de un gran aumento en el número de reclusas registrado en California en los últimos años). En su visita, la población de la cárcel doblaba la capacidad para la que fue diseñada.
Tras estas observaciones que Amnistía Internacional llevó a cabo, recomienda a las autoridades de California limitar las funciones del personal masculino en las cárceles de mujeres y otras medidas para impedir los abusos sexuales; revisar los criterios para el internamiento en la Unidad Especial de Seguridad; retirar de la unidad a las presas mentalmente enfermas o que corran el riesgo de padecer una enfermedad mental y efectuar mejoras inmediatas de las condiciones existentes en ella; restringir el uso de instrumentos de inmovilización; proporcionar tratamiento médico (gratuito) siempre que sea necesario; y, por último, establecer un sistema de controles periódicos y externos de la asistencia médica facilitada en la prisión.
Carmen Santaella Arco
