“Sin estabilidad política no habrá crecimiento económico”.
La recuperación económica será complicada e incierta si España no lleva a cabo una reforma estructural de su ordenamiento jurídico. Se debe garantizar una seguridad jurídica eficiente y eficaz como condición idónea para crear riqueza, trabajo y bienestar.
Los brotes verdes que se observan en la economía se producen gracias a las políticas llevadas por el Gobierno y en base a los grandes esfuerzos de ajuste económico para devolver al país la confianza y así reestablecer el crecimiento. Sin embargo, nuestro ejecutivo se deja en el camino un paquete de reformas necesarias que no solo mejorarían las garantías de la justicia para nuestros ciudadanos, sino que harían más atractiva la inversión extranjera en nuestro país; éstas reformas pasan por garantizar la independencia de la justicia (y sobre todo del Tribunal Constitucional), garantizar estabilidad y seguridad jurídica, mejorar la propia administración de Justicia y garantizar un sistema de equilibrios, contrapesos y balances imparciales.
En primer lugar, nuestro Gobierno debe garantizar la seguridad jurídica como vía para el crecimiento y estabilidad económica. Esto es, el Tribunal Constitucional ha de estar protegido de intromisiones políticas: tiene que ser ciego, independiente e imparcial. Si un inversor español o extranjero desea invertir en nuestro país, mira con gran interés si existe una seguridad jurídica y una justicia ágil para resolver cualquier conflicto que se presente en su cometido. Deseará conocer si en el caso de tener un litigio con la administración pública, estará protegido en un marco de igualdad frente al poder político que aprueba esa ley. Un Tribunal Constitucional controlado por la clase política crea recelo e inseguridad al inversor que ve que puede asumir un riesgo político en el desarrollo de su labor empresarial, pues el fallo de la justicia podría depender o estar influido por la postura política del gobernante de turno.
En segundo lugar y de la misma manera, todo inversor necesita conocer si la legislación laboral, tributaria o mercantil va a ser estable en los siguientes años, o si ésta va a cambiar según el arbitrio político. La inversión no entra en España porque somos incapaces de ofrecer estabilidad jurídica de nuestras propias leyes, las cuáles utiliza el Gobierno para fagocitar sus réditos electorales en perjuicio del bienestar general. Esta inseguridad jurídica, sólo se corregiría con una reforma más que necesaria: la independencia del Tribunal Constitucional como garante de lo Justo. De nuevo, un problema distinto pasa por la misma solución. Si nuestro poder legislativo aprueba leyes injustas, contrarias a los Derechos Fundamentales y a nuestro ordenamiento jurídico, los ciudadanos tendríamos un árbitro neutro que invalidaría referidas leyes produciendo una mayor estabilidad. Si por ejemplo nuestro legislador desea subir los tipos fiscales de manera desigual o desproporcionada, con un Constitucional fuerte, referidas reformas no verían la luz puesto que serían vetadas por injustas, produciendo mayor seguridad para el inversor.
Por otro lado, no se puede negar la necesidad urgente de mejorar nuestra administración de Justicia y dotar de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos en su esfera general y económica. Cualquier inversor que desee invertir en España, estará escandalizado si sabe que para reclamar una deuda tendrá que esperar entre 3 y 4 años (fecha en la que se señalan algunos juicios). Sin seguridad jurídica es imposible un crecimiento económico consolidado, estructural y duradero en el tiempo. De la misma manera, nuestras leyes procesales deberían de introducir mejoras que doten de mayor control en primera instancia y apelación de lo adecuado al caso. La saturación de los Tribunales y las posibles antipatías de ciertos Magistrados unipersonales pueden llevarnos a situaciones de manifiestas injusticias, ya que lo «justo» no puede ni debería de quedar en manos de un único Juez, como ocurren en los casos de primera instancia.
¿Cómo se va a invertir en España, si en el caso de tener un litigio la sentencia firme llega a los 3 años de media? De la misma manera, la Ley Administrativa no genera confianza al inversor ya que para el caso de tener un proceso contra una administración, prevalece la presunción de veracidad de la Administración. Una vez firme la sanción o resolución administrativa, ésta se ejecuta y no se paraliza si se acude a la vía judicial. ¿Puede un inversor tener confianza cuando las licencias o permisos administrativos están sujetos a la arbitrariedad política local?
España necesita tener un sistema de equilibrios, contrapesos y balances, imparciales de la intromisión política que se sometan única y exclusivamente a la voluntad técnica y legal: no pueden ni deben estar sujetos a la intromisión del ejecutivo. Nuestros reguladores tienen que operar de manera autónoma y sin ningún tipo de limitación política en su cometido; de no ser así, se podrían instrumentalizar en provecho propio, siendo vía para ejecutar abusos generalizados ante situaciones injustas que se debieran haber controlado (emisión de preferentes, cláusulas suelo, etc.)
Si en España nuestro Constitucional hubiera sido fiel guardián de lo «justo», no se estaría sufriendo la dureza de esta crisis, que más allá de ser un problema coyuntural, lo es estructural. No tenemos las bases adecuadas para un crecimiento sólido y estable. Si nuestro Constitucional hubiera operado como es debido, se hubiera anulado hace años la injusta Ley Hipotecaria y no hubiéramos tenido que esperar a que el Tribunal de Luxemburgo nos corrigiera. Si nuestros reguladores hubieran sido independientes, la emisión de productos bancarios tóxicos no se hubiera producido. Y si nuestros Tribunales de instancia tuvieran más medios, y mayor seguridad jurídica, los ciudadanos e inversores estarían más confiados de traer e invertir su dinero a España.
España cuenta ahora con una oportunidad de corregir, no sólo los fallos que se produjeron por el despilfarro de dinero de las arcas públicas y la mala gestión del anterior gobierno, sino de enmendar los desajustes jurídicos que no son idóneos para tener un crecimiento sólido y estable. No sólo necesitamos crecer gracias al ajuste macroeconómico de un Ministerio, sino desde unas bases sólidas que permitan al ciudadano medio invertir su dinero con seguridad.
“No nos falta valor para emprender ciertas cosas porque son difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas.” Lucio Séneca
Juan Gonzalo Ospina Serrano
Presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Madrid
