A pesar del relato de los hechos la causa ha quedado archivada por falta de pruebas contra los supuestos explotadores.
En septiembre del año 2019 dos mujeres residentes en Latinoamérica trabajaban de camareras en sus localidades de origen cuando un día les ofrecen viajar a España, con todos los gastos pagados, donde les prometen ganar gran cantidad de dinero ejerciendo la prostitución, aunque contrayendo una deuda de 4.000 euros con el facilitador del viaje, que deberán abonar con su actividad sexual en España.
A su llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suarez-Madrid Barajas son recogidas por uno de los investigados quien las acompaña a un piso enclavado en el distrito de Usera, donde tras ejercer la prostitución durante más de un año deciden interponer una denuncia que da lugar en julio de 2020 a la “Operación Ídolo”, ejecutada por el Grupo 1º de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos, la cual finaliza con dos hombres y una mujer investigados por presunto delito de trata de seres humanos, al indicar las testigos protegidas que eran los encargados de prostituir a mujeres inmigrantes tanto en el piso como en un bar próximo.
LA DENUNCIA DE LAS TESTIGOS PROTEGIDAS
Ambas mujeres declaran ante la policía condiciones inhumanas de explotación por parte de los regentes del local y bar, con horarios maratonianos “de 16 a 22 horas en el piso y los fines de semana en el bar hasta las tres de la mañana, descansando solo los domingos”, se puede leer en el auto del Juzgado de Instrucción nº37 de Madrid, donde las mujeres afirman tener que pagar 250 euros semanales, más el coste de los preservativos, la lavandería y un porcentaje de los servicios sexuales, a uno de los investigados, viéndose forzadas a mantener relaciones sexuales con cualquier cliente, ya que “no podían rechazar a ninguno” llegando incluso a que “cuando tenía la regla tenía que tener relaciones con los clientes”.
Las testigos protegidas también relatan unas condiciones de vida en el piso donde “había unas 9 chicas, que cambiaban con frecuencia”, señalando que las normas las imponían dos de los investigados, y asegurando que uno de ellos “le dio una paliza (a una mujer de las residentes en el piso) por haberse negado desde un principio a pagar la deuda”.
En este punto la defensa del caso, ejercida por el despacho de Madrid Ospina Abogados, constató que la denunciante mantuvo en todo momento su pasaporte bajo su control, pero “además la testigo protegida no dormía ni en el piso ni en el bar”. Además, se puso de manifiesto el informe de los peritos, en donde a pesar de explorarse “manifestaciones psíquicas correspondientes a un trastorno adaptativo de rasgos depresivos” se cita que “no se desprende una situación de explotación”, reconociendo una de las testigos protegidas que la ONG donde dormía, al darse cuenta que ejercía la prostitución, la trasladaron de sitio y cambiaron su número de teléfono.
LAS OTRAS CHICAS DESMIENTEN LOS SEÑALAMIENTOS HACIA LOS ACUSADOS
Los tres acusados negaban los cargos declarándose inocentes, por lo que también a instancia de la defensa del caso se llamó a declarar al resto de mujeres residentes en el piso, quienes contrariamente a lo señalado por las denunciantes eximieron de responsabilidad a la supuesta red de proxenetas, declarando que “nunca le han ofrecido trabajo sexual”, indicando que “los servicios de prostitución cada uno se cobraba a los suyos, cada chica cobra su dinero”. Además, a preguntas del tándem de la defensa compuesta por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte, una de las prostitutas reconoce que es suya la obligación de pagar el alquiler del piso.
SOBRESEIMIENTO DEL CASO
Para el Juzgado “resulta indiferente que la testigo protegida viniera a España a sabiendas de que iba a ejercer la prostitución; ello no exime de responsabilidad a los investigados”, motivo por el cual mantiene la causa abierta respecto al presunto responsable de la captación de las mujeres en sus países de origen, y ordena el sobreseimiento de la causa respecto a la propietaria del bar y su marido, pareja señalada de realizar el control de las actividades de las mujeres.
Equipo ColumnaZero
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