Por estafa, ransomware o phising. Servicios públicos como centros de salud y hospitales o universidades como la Rey Juan Carlos, objetivo de ataques de hackers y ciberdelincuentes.
A medida que avanzan los días de reclusión ante esta crisis excepcional, nuestro instinto a la hora de mantenernos conectados con nuestros allegados aumenta de forma proporcional al consumo digital en nuestros hogares. Incontables aplicaciones de mensajería instantánea, el correo electrónico y el intercambio de imágenes, vídeos y fotos hacen de este deseo de comunicación una posibilidad al alcance de cualquiera.
Sin embargo, a la par que los mensajes de información y apoyo circulan de un dispositivo electrónico a otro casi sin filtro, los bulos y los malware lo hacen en la misma medida. En este período de crisis sanitaria, los ciberdelincuentes están aprovechando el afluente tráfico de datos para intentar obtener información sensible, datos personales e información bancaria de cualquier usuario, haciéndose pasar por organismos públicos, distintas plataformas, e incluso, por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Las autoridades y las propias entidades llevan advirtiendo varios días que la comisión de estos ciberdelitos se está multiplicando. Por ello, el Grupo de Delitos Telemáticos (GDT), perteneciente a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha creado distintos canales de comunicación ciudadana para luchar contra la ciberdelincuencia y los programas maliciosos, especialmente contra las cuentas relacionadas con el Coronavirus, o que usan el Covid-19 como gancho.
Fuentes policiales avisan que el cibercrimen está aprovechando para organizarse y lanzar campañas de Phising, obteniendo todo tipo de información sensible, por lo que ruegan, se tenga la mayor prudencia a este respecto.
Juan Gonzalo Ospina, abogado penalista experto en ciberdelitos, aclara a este diario que “a la hora de luchar contra este tipo de ciberdelitos, toda prevención es poca, pues cualquiera de nosotros puede ser víctima de estos ataques. Por ello, no sólo debemos tomar las medidas de prevención necesarias como mantener el antivirus actualizado y desconfiar de correos o WhatsApp anónimos, sino que tenemos que saber cómo actuar en caso de que el delito ya se haya perpetrado. Esta parte es de vital importancia pues hablamos de actividades delictivas de gran complejidad jurídica. Su difícil perseguibilidad y el anonimato que la red ofrece al delincuente nos exige la mayor precisión y celeridad posible.”
Su despacho, Ospina Abogados cuenta en su haber con numerosas sentencias favorables entre 2019 y 2020 en procedimientos por ciberdelincuencia, entre las que destacan la absolución conseguida en un presunto delito de estafa por criptomonedas y otros delitos.
En este caso, pudo demostrarse que su cliente era también víctima de una operación de alquileres vacacionales pagados con Bitcoins, a quien el verdadero delincuente había robado la identidad.
Otro ejemplo de ello sería un caso por Phishing en el que venía incurriendo una inmobiliaria que captaba trabajadores para usarlos como intermediarios de una actividad ilícita de la que ellos no eran conscientes, demostrando la inocencia de los trabajadores y sentando en el banquillo a los administradores de la trama.
De igual modo, recientemente han conseguido la absolución para sus representados en dos casos simultáneos de estafa a través de internet y suplantación de identidad, litigando a favor de un trabajador de la cadena de comida domicilio Just Eat, denunciado por la propia empresa por estafar presuntamente 20.000 euros; y de un usuario de Cabify a quien suplantaron la identidad para atracar a un conductor del servicio VTC.
“En cualquier procedimiento penal por ciberdelitos, más en el escenario de crisis que nos ha tocado vivir, es imprescindible la cooperación entre Policía, peritos informáticos y abogados expertos en ciberdelitos para esclarecer los hechos y ofrecer la mejor defensa jurídica a cada cliente”, comenta Ospina.
Equipo ColumnaZero
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